el adversario

En Monterrey la exclusión y el separatismo se comenzaron a apuntalar desde que a fines de los años 70 e inicios de los 80, los capitales y los gobiernos decidieron no invertir en infraestructura de transporte público y de interconexión entre pueblos y capital y entre ciudades de la región. Esto potenció la consolidación de las mafias del transporte, el amasijo de fortunas de dudosa procedencia a partir de las agencias y concesionarias de automóviles, el reduccionismo a la apuesta inmobiliaria que “des-zonificó” los bienes y servicios para concentrarlos en los Centros Comerciales (la combinación perfecta entre explosión incontrolada del parque vehicular, burbuja crediticia y modelos de consumo-ocio) y que arrinconó el consumo cotidiano a las tiendas de conveniencia y mini-marts que impusieron como “modelo” nacional el concepto de “pequeña empresa” abarrotera.

La orgía que no matrimonio perfecta entre empresarios agazapados en sus bunkers-zonas exclusivas, sindicalismo charro y blanco, mandos intermedios católico-ultra conservadores, nuevos ricos lavadores de dinero, instituciones educativas clientelares, guardias blancas y grupos de choque que coordinan las organizaciones popular-ciudadanas ¿cómo jodido se pensaba que no iba a terminar en lo que vivímos hoy en día?

Y regreso al punto, una sociedad mínimamente comunicada por redes de transporte público, que hubiesen potenciado el realce y constante generación de zonas comerciales con campos de influencia barriales y promovido la pequeña empresa variada, cafés, restaurantes, revisterías, oferta de oficios varios, etc. puntos de encuentro colindantes con plazas y zonas históricas, reflejo de la diversidad de modos de vida y de orígenes sociales, era la condición mínima para una ciudad que a inicios del siglo XX concentra cerca de 5 millones de habitantes…por eso el ejemplo de la Colonia Independencia, dice mucho, porque no hay zona de la ciudad que aún mantenga ese punto de contacto con una vida barrial más o menos gestada en sí misma, de tal manera que la criminalización, la simbólica de espacio de negación y de peligro que se le adjudica, están en la base de una continuidad de las políticas de desalojo y de desterritorialización de tal experiencia vital ciudadana en aras de un proyecto inmobliario que en secreto está pactando el auge de la violencia como un pretexto para una especie de “tabula rasa” urbanístico-político-social” que se pretende como lo demuestra entre líneas lo que Lorenzo Zambrano le dijo la semana pasada a El País